Por su ubicación geográfica, la infraestructura de El Salvador se ve sometida a una demanda sísmica de moderada a intensa cada 15 años aproximadamente (Salazar et al., 2018). La situación de vulnerabilidad de la infraestructura social del país, se vuelve un problema cuando se combina con un grado de exposición alto y una amenaza sísmica elevada. De acuerdo con la “Guía para la formulación de un marco de recuperación post-desastre” elaborada por el PNUD, los terremotos has sido el fenómeno natural responsable de la proporción más alta de pérdidas económicas y de vidas de los últimos 60 años. Los sismos del 10 de octubre de 1986, 13 de enero y febrero de 2001, y los enjambres sísmicos de 2017 y 2019 provocaron el 49% de los daños totales, el 51% de los afectados totales y el 52% de las muertes totales ocurridos entre 1960 y 2020 (PNUD, 2020). Es por ello, que estudiar el comportamiento de los sismos y sus efectos en la infraestructura es de vital importancia para aumentar la residencia de la sociedad salvadoreña y disminuir su impacto.